El forzamiento por el socio del bloqueo de órganos sociales para disolver la sociedad.

El forzamiento por el socio del bloqueo de órganos sociales para disolver la sociedad.

(i) El caso concreto.

Partamos de la base de una sociedad profesional, con dos socios al 50% e importante facturación, proporcionada por un cliente de gran importancia, el cual ha sido captado por un esfuerzo comercial conjunto. Cabe preguntarse, por ser mas habitual de lo que parece, si por mera decisión de uno de los socios puede pretenderse directamente la disolución de dicha sociedad por la mera propuesta en Junta General. El intento repentino de disolver la sociedad por parte del socio -digamos- “bullicioso”, asusta al socio “tranquilo”, fundamentalmente por la puesta en riesgo del gran cliente y de la bonanza empresarial.

Vamos a analizar el marco legal y jurisprudencial en el que se mueve esta polémica, para acabar concluyendo cuales son las garantías para el socio “tranquilo” y cuales son las posibilidades de aplicación del abuso de derecho.

(ii) ¿Cuál es la doctrina tradicional sobre la disolución por paralización de los órganos sociales?

De acuerdo al 363 d) LSC, las sociedades deben disolverse por la “paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento”.

La doctrina tradicional indica que bastaría -para ser legitima la disolución- con que uno de los socios solicitara la disolución, con oposición del otro, cuando ante tan encontradas posturas, no podía adoptarse ninguna decisión que permitiera el desarrollo del fin social” (Sentencia de 15 de febrero de 1982 del Tribunal Supremo, con resumen de la doctrina sentada en las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1967; 25 de octubre de 1963 y 18 de enero y 13 de febrero de 1962).

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 1995, expresa: “si en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, integrada solo por dos socios, con igual participación e idénticas facultades de administración, al surgir desacuerdos entre los mismos podía acordarse su disolución, imperada por uno de los socios con la oposición del otro, llegando a la conclusión afirmativa, y ello por cuanto, ante tan encontradas posturas, no podía adoptarse ninguna decisión que permitiera el desarrollo del fin social.”

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2000, expresa un respeto por la misma doctrina, habilitando la disolución por paralización en aquellos casos en que la labor obstruccionista de uno de ellos, por la patente hostilidad existente entre ambos, impida la adopción de determinados y fundamentales acuerdos sociales para cuya aprobación se exige un “quorum” especial o cualificado (aumento o reducción del capital social, prorroga de la duración de la sociedad, fusión o transformación de la misma, su disolución o la modificación de la escritura social), con la consiguiente paralización del funcionamiento de los órganos sociales y la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social”.

Así, nuestro Alto Tribunal trae a colación la idea de “fin social”, pese a que existe otra causa -mas genérica- de disolución -363 LSC letra c)- que hace expresa referencia la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social”; conceptuándolo en su Sentencia de 16 de febrero de 2016, como el del ejercicio de la actividad estatutaria para la obtención de beneficios”.

Se nos parecer estar diciendo que “el ejercicio de la actividad estatutaria” requiere ineludiblemente la posibilidad de adoptar con cierta normalidad acuerdos de aumento o reducción del capital social, prorroga de la duración de la sociedad, fusión o transformación de la misma, su disolución o la modificación de la escritura social.

Tranquilamente deberíamos poder entender que, si no se acuerda por los dos socios el aumento, es porque no les interesa; si no se adopta por los dos socios la fusión, es porque no les interesa; y así sucesivamente. Por ello, la jurisprudencia, no verifica la mera falta de aprobación de dichos acuerdos, sino -algo mas- la gravedad de la paralización, para llegar a un concepto con valor añadido como es el concepto de “bloqueo”. Por ello, las ante citadas Sentencias exigen “posturas tan encontradas” o “patente hostilidad” para considerar paralización lo que empezó siendo mera discusión.

(iii) La paradoja de la paralización por no disolver.

Asimismo, nos encontramos en la enumeración de la citada Sentencia de 7 de abril de 2000, un caso opuesto al fin social, como es la disolución. Ello nos lleva a una paradoja. Si el fin social es “el del ejercicio de la actividad estatutaria para la obtención de beneficios”, ¿qué sentido tiene convalidar la pretensión de uno de los socios en orden a dejar de obtener aquellos?

En realidad, mas que una paralización por no poder alcanzar el fin social, lo que ocurre, es una paralización en la legitima posibilidad de disolverse (“de poner fin al fin social”). Es lo que se llama, la desaparición de la affectio societatis.

Como se vera, la Jurisprudencia ha asumido que es legitima la postura de uno de los socios de “romper con el otro socio” pudiendo habilitar la disolución a través de la propuesta en Junta general o impetrando la ayuda judicial.

(iv) Al estilo del divorcio en el matrimonio -ruptura de la affectio maritalis– no importan las causas del divorcio “social” (ruptura de la affectio societatis).

Como ocurre en el Derecho de Familia, donde han pasado a no importar jurídicamente las causas de la ruptura de la affectio maritalis, en el caso de desencuentros entre socios que produzcan paralización, son absolutamente irrelevantes las causas de dicho desencuentro. En consecuencia, solamente se puede analizar si objetivamente se da la paralización y, como se vera, si esta es efectiva e insuperable, no importando las causas.

Por tanto, la Jurisprudencia prefiere el mero “chequeo” de que se trata de una ruptura que no admite reconciliación, comprobando a través del cauce probatorio el carácter efectivo e insuperable de la paralización.

Por un lado, la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28, en Sentencia de 18 de julio de 2014 (ponente Sr. Arribas Hernandez) deslinda el plano objetivo (relevante) del subjetivo (irrelevante).

Como ya ha reiterado este tribunal en ocasiones anteriores (sentencias de 8 de mayo y 17 de junio de 2008 y 3 de junio de 2011), cuando de la disolución de una sociedad se trata por concurrir causa legal de disolución deben deslindarse dos planos, a saber: el de la realidad objetiva (paralización efectiva e insuperable de los órganos sociales) y el subjetivo (atribución de culpas respecto al proceso desencadenante de aquella realidad objetiva), siendo irrelevante el segundo de los aspectos mencionados en aquellos procesos cuyo objeto consiste en constatar y decidir sobre la efectiva existencia de la causa legal de disolución de la sociedad”.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, (Secc. 5ª) de 16 de enero de 2009 (ponente Sr. Pastor Oliver), declara:

“Es numerosa la Jurisprudencia que se ha ocupado de las situaciones de imposible funcionamiento de los órganos sociales cuando hay un enfrentamiento de los bloques de socios que ostentan el mismo porcentaje de capital social. Situación no infrecuente en sociedades de responsabilidad limitada de base familiar o muy personalista.

Y de su lectura se deduce la exigencia de tres requisitos para concluir que se da el supuesto de disolución social.

a) Paralización efectiva o presumible de los órganos sociales (Junta General y/o Consejo de Administración, o administradores).

b) que la misma no responde a una situación concreta o estrictamente temporal, sino que se prolongara en el tiempo.

c) Que carece de relevancia en cuanto al efecto disolutorio la posible atribución o imputación de culpas respecto al proceso desencadenante de dicha realidad.

(v) De la garantía que supone el carácter continuado y manifiesto de la paralización.

Por tanto, observamos que las únicas garantías que tiene el socio “tranquilo” frente al socio “bullicioso” son que al menos no se permita al socio que se quiere marchar una “operación relámpago” en la que con cuatro excusas burdas disuelva la sociedad, cuando ésta última teniendo un éxito imponente de ventas.

Desde luego una disolución “express” nos puede llevar a pensar que el “socio bullicioso” pueda estar incurriendo en alguna situación de deslealtad, por ejemplo, intentando derivarse al cliente estructural (imagínense, por ejemplo, en una sociedad profesional la facilidad para urdir el plan y habilitarlo), el cual proporciona prácticamente el 100% de la facturación. ¿Que sentido tendría -si no- matar la gallina de los huevos de oro?

En lógica, el socio “tranquilo” tiene derecho a promover una continuidad empresarial y redirigirla al “fin social” pues, de algún modo, el “matrimonio” puede estar pasando una crisis pasajera y “hay que darse un tiempo”. Que la paralización sea efectiva, real y duradera, es lo que va a permitir al “socio tranquilo” estar alerta y tener margen de reflexión y actuación para oponerse -por ejemplo mediante interpelaciones en Junta e indagaciones sobre actuaciones subrepticias- a los eventuales actos desleales. Asimismo, si los actos desleales se están produciendo con “carácter continuado”, el poder perpetuar la vida de la sociedad permitirá que los actos dañinos tengan repercusión en una sociedad viva -y no disuelta de mala manera- lo que permitirá que las acciones de responsabilidad tengan virtualidad.

Se puede pensar que al final la garantía del socio es la liquidación ordenada de los activos, pero ¿que ocurre con el cliente estructural que no tiene constancia contable como activo? ¿queda a la deriva? Entendemos que debe ser valorado convenientemente, y debe hacerse ver al socio bullicioso que ese “valor” se esta poniendo en el precipicio.

Por ello, entendemos que la visión anti-subjetivista de la Jurisprudencia es quizás excesiva, porque olvida que detrás de las paralizaciones mas postizas hay actos ilícitos. También es cierto, que no es sencillo resbuscar en el charco de lo subjetivo. Por ello, al menos debe impedirse a los socios bulliciosos de sociedades exitosas las disoluciones y liquidaciones por la vía rápida, y en aquellos casos en los que sea flagrante el intento, dejarse un ligero margen para el análisis de lo subjetivo, o la constatación del abuso de derecho (que como veremos no tiene gran aceptación Jurisprudencial).

(vi) Sobre la alegación clásica del “abuso de derecho”.

La doctrina del “abuso de derecho” inicia su evolución a partir de la conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1944, en la que se establecen unas líneas fundamentales, enumeradas de la siguiente forma:

  1. Uso de un derecho, objetiva o externamente legal.
  2. Daño a un interés, no protegido por una especifica prerrogativa jurídica, y
  3. Inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar, o sencillamente sin un fin serio y legitimo), o bajo forma objetiva (cuando el daño procede de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho

Claro, los socios que se creen damnificados por la “escapada” del otro socio en sociedades con buenos resultados, suelen alegar el “abuso de derecho” para proteger un comportamiento que no comprenden (“como cuando no comprendes a quien estuvo casado contigo muchos años y de repente te deja).

Sin embargo, como ya hemos visto, la Jurisprudencia no esta excesivamente interesada en entrar a analizar que hay detrás de la paralización -en muchos casos, forzada- de los órganos sociales.

Nuestro Alto Tribunal (Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-11-2014, núm. 653/2014, rec. 745/2013. Ponente: Sastre Papiol, Sebastian) ve el abuso de derecho como “un remedio extraordinario, solo cabe su aplicación cuando el abuso sea patente, manifiesto y solo imbuido de la intención de dañar (STS de 20 de febrero de 1992). De otro modo, no hay abuso de derecho cuando su ejercicio no tiene carácter antisocial. “Mas recientemente la STS de 22 de junio de 2010, RC 1664/2006 que reitera que el abuso del derecho “actúa como limite al derecho subjetivo, y de ahí su carácter de remedio extraordinario, su índole excepcional y su alcance singularmente restrictivo”.

Por lo anterior, y creemos, por el absoluto cariz objetivista que tiene esta causa de disolución, no ha venido funcionando la alegación del “abuso de derecho” siendo rechazada en numerosísimas Sentencias (Audiencia Provincial de Toledo, sec. 1ª, de 5-11-2012, nº 278/2012, rec. 26/2012; la de la Audiencia Provincial de Córdoba de 13 mayo 2014; la de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sec. 2ª, de 18-3-2011, nº 101/2011, rec. 2454/2010; la de la Audiencia Provincial de Castellon, sec. 3ª, S 24-1-2013, nº 30/2013, rec. 512/2012, y un largo etcétera).

Sin embargo, si nos podemos encontrar con situaciones extremas recogidas dentro de lo que se llama “ejercicio antisocial de un derecho” como por ejemplo una disolución o quiebra basada en algún tipo de discriminación, como por condición de sexo o raza (las sociedades son heredadas por persona de un concreto sexo o raza), o, por ejemplo, un embarazo (tú socia se queda embarazada).

Sin querernos extender en este extremo -pues hay enorme polémica sobre los límites infinitos o limitados del derecho de “admisión” en asociaciones-, en este sentido, Alfaro Águila-Real (“Libertad contractual y principio de igualdad” Blog: “Almacén de Derecho”. Publicado en 16 de agosto 2015) ha expresado:

La cuestión consiste en determinar cuando la negativa a admitir a alguien en una asociación supone un ejercicio antisocial del derecho de la asociación y de sus miembros a elegir a quienes desean que sean sus consocios.

La respuesta es hoy bastante sencilla, aunque no muy extendida: el limite a la libertad para negarse a admitir a alguien en una asociación esta en la dignidad humana (art. 10 CE). El derecho a no ser tratado como un ser inferior es un derecho que vincula no solo a los poderes públicos sino también a los particulares de modo que un contrato por el que alguien acepta ser tratado indignamente es nulo y se ejercita abusivamente un derecho propio cuando se rechaza contratar con alguien por motivos que implican considerar a ese alguien como un sujeto inferior”.

 

 

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