El concepto de “obligaciones posteriores” en el 367 de la Ley de Sociedades de Capital:

El concepto de “obligaciones posteriores” en el 367 de la Ley de Sociedades de Capital:

(i) El artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital:

De acuerdo al artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital,  “Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso’

En consecuencia, se responde de las obligaciones posteriores, y no de las anteriores, al acaecimiento de la causa de disolución, cuando se incumple la obligación de disolver.

Esta disyuntiva produce verdaderos quebraderos de cabeza a Juzgadores y Letrados provocando una batalla probatoria, y en muchos casos, de carácter puramente jurídico, sobre la determinación de lo que son “obligaciones posteriores”, con la finalidad de otorgar a las obligaciones sociales el carácter de derivables.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de marzo de 2016, observa dos funciones en el 367 LSC:

a) Una función incentivadora:

“La función de la norma [art. 367 LCS] es incentivar la disolución o la solicitud de concurso de las sociedades cuando concurra causa legal para una u otra solución porque, de no adoptar las medidas pertinentes para conseguir la disolución y liquidación de la sociedad o su declaración en concurso, según los casos, si la sociedad sigue desenvolviendo su actividad social con un patrimonio sustancialmente menor a su capital social y que se presume insuficiente para atender sus obligaciones sociales, los administradores deberán responder solidariamente de cuantas obligaciones sociales se originen con posterioridad, tanto las de naturaleza contractual como las que tengan otro origen.”

b) Una función desincentivadora:

“Dentro de ese ámbito general, como concreción de esta función, tiene efectivamente un efecto desincentivador de la asunción de nuevas obligaciones contractuales por parte de la sociedad, pero no es su función única.”

(ii) Sentencias que interpretan el concepto “obligaciones posteriores” en casos donde la obligación surge de facultades resolutorias:

  • La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 29 de abril de 2014, determina que el momento en que nace la obligación de la sociedad es cuando el contrato o negocio jurídico en cuestión es resuelto, y será a partir de ese momento cuando la deuda sea exigible:

La razón de la decisión del Juzgado de lo Mercantil reside en que si bien se justifica que la causa de disolución de la sociedad Talleres Navarro Ibarra SL data de 2007, en cambio la deuda es anterior al ser del año 2006, dada la relación contractual habida entre el actor y la sociedad administrada por el demandado. Es en este último punto donde se aprecia y observa el error del Juzgador al valorar de forma incorrecta el contenido de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 Torrent, pues una cosa es cuando nace la relación contractual de compraventa de un vehículo por el actor a la sociedad Talleres Navarro Ibarra SL por 17.500 euros que efectivamente es de fecha 25/9/2006 y otra muy distinta la deuda vencida, exigible y líquida que la sociedad mantiene con el actor, pues a la vista de la citada sentencia, documento 1 de la demanda, es de resaltar y ahí nace el error del Juzgador que la acción entablada por el Sr. Íñigo es de reparación del vehículo o de resolución del contrato de compraventa del automóvil, siendo la decisión del Juzgado Primera Instancia de resolución del contrato por mor del artículo 1124 del Código Civil , debiendo la entidad vendedora devolver al comprador 17.500 euros. Es decir, no nos encontramos ante una obligación en el año 2006 de pago de la sociedad vendedora al comprador, no estamos a tal época con una deuda social, vencida, liquida y exigible, (no estamos ante una factura o instrumento similar) sino que la obligación de la sociedad nace cuando el contrato judicialmente se decreta resuelto (pues incluso el comprador pedía la reparación del automóvil) y es en tal sentencia cuando se fija la resolución del contrato y los efectos de la misma, cual es que a partir de tal momento surge la deuda de la sociedad vendedora y a partir de tal fecha resulta exigible y como la sentencia es de fecha 25/2/2009 (incluso el procedimiento es instado en 2007) es de concluir que al momento del nacimiento de tal obligación (deuda social), la deudora estaba incursa en causa de disolución (extremo fáctico no discutido)”.

  • En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2016:

En el caso de una obligación restitutoria derivada del ejercicio de una facultad resolutoria, tal obligación no nace cuando se celebra el negocio que se pretende resolver, por más que tenga una relación directa con el mismo, sino del acaecimiento del hecho resolutorio y del ejercicio por el interesado de la facultad resolutoria derivada del mismo. Es ese el momento temporal que debe tomarse en consideración para determinar si la obligación es o no posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución.”

(iii) ¿Qué administrador es responsable? ¿El nombrado en el momento de la obligación, o en el momento de concurrir la causa de disolución?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sirviendo a modo de ejemplo las Sentencias de 14 de mayo de 2015 y de 4 de septiembre de 2015, fija los hitos temporales relevantes para el ejercicio de la acción de responsabilidad del administrador social por deudas sociales:

« […] la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales nace: (i) cuando concurre una causa de disolución y no cuando nace la deuda, aunque tal deuda origine posteriormente la causa de disolución por pérdidas (luego el administrador contra el que se dirige la acción no puede ser el que ostentaba el cargo cuando se produjo la deuda, sino el que lo ostentaba cuando se produjo la causa de disolución y no cumplió los deberes de promover la disolución); (ii) no se haya convocado la Junta en el plazo de dos meses para adoptar el acuerdo de disolución o cualquier otro para restablecer el equilibrio patrimonial; y (iii) ni se haya solicitado la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde aquella fecha>>.

(iv) Presunción “iuris tantum” favorable al acreedor, de que las obligaciones son posteriores a la causa de disolución.

Una vez acreditada dicha causa de disolución y acreditadas las obligaciones sociales, que sea el administrador quien demuestre que la obligación era anterior.

Es sumamente importante la precisión que recoge el apartado segundo del art. 367 LSC: “En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”.

Se observa una presunción iuris tantum de posterioridad donde la carga de la prueba la ostentará el administrador, quien deberá probar por sus propios medios que la obligación social nació con anterioridad a cuando apareció la causa legal de disolución de la sociedad en la que ostenta tal cargo.

  • Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2011:

“También añadiremos que, aunque es absolutamente imprescindible demostrar que concurren los requisitos exigidos por el artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y, en concreto, que pese a concurrir causa de disolución transcurrieron cuando menos dos meses sin que el órgano de administración promoviera la disolución o la remoción de la causa legal concurrente, es irrelevante la determinación exacta del dies a quo a partir del que debe iniciarse el cómputo del plazo bimensual y, de hecho, la realidad demuestra que con frecuencia las sociedades afectadas -y, claro está, sus administradores- no facilitan los datos reales de la contabilidad de la sociedad y de la evolución de su patrimonio -en este caso consta que el crédito de la demandante ni siquiera aparece provisionado-, por lo que no puede exigirse al acreedor que demuestre la fecha en la que las pérdidas determinaron la disminución del patrimonio a menos de la mitad del capital social, aunque, reiteramos, debe acreditar la concurrencia de causa de disolución y la pasividad de los administradores durante el repetido plazo de dos meses’;

  • Sentencia del Juzgado de Primera Instancia – Lleida, Sección 6, Rec. 381/2015 de 13 de enero de 2017:

“Y concuerda con una suerte de inversión de la carga de la prueba, derivado del art. 367 in fine, de forma que, acreditado por la acreedora, la existencia de una deuda social, corresponde al administrador demandada, probar que la obligación no es posterior a la causa de disolución.

Así ‘la fijación del momento del nacimiento del crédito es fundamental para poder determinar si los demandados incurrieron o no en la conducta típica. No obstante, no es imprescindible fijar la fecha en la que concurre la causa de disolución, ya que obviaríamos la presunción establecida en el artículo 367 TRLSC, el cual dispone que ‘ En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior’. Es decir, por expreso deseo del legislador, se ha establecido, en sede de responsabilidad por deudas, una inversión de la carga de la prueba, de tal forma que una vez acreditados el nacimiento del crédito y el acaecimiento de la causa de disolución, habrá de ser la parte demandada, y no la parte demandante, quien debe desvirtuar la presunción legal de que el nacimiento del crédito es posterior a la concurrencia de la causa de disolución.

(…) A mayor abundamiento, el profesor Emilio Beltrán, en la página 284 de la obra ‘La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales’ (editorial Tirant lo Blanch. Año 2013), argumenta que el artículo 367.2 TRLSC produce ‘ una inversión de la carga de la prueba de la concurrencia o no de la causa de disolución en el momento del nacimiento del crédito (así, STS 30.6.2010). En consecuencia, y aunque sea de una forma burda, lo que quiere decirse es que no corresponde al acreedor probar el momento del acaecimiento de la causa de disolución y su conocimiento por los administradores, a los efectos de cumplir los deberes legalmente impuestos, sino que juega a su favor la presunción de que la causa de disolución ya concurría en el momento del nacimiento del crédito correspondiendo entonces a los administradores, a quienes se reclama el pago desvirtuar esa presunción probando que la causa no concurría o que, si concurría, ellos no tenían conocimiento ni podían haberlo tenido.

En conclusión, el legislador ha distribuido la carga de la prueba, de tal forma que deberá ser el demandante quién acredite el nacimiento del crédito, y el demandado quien desvirtúe la presunción de que el crédito nació con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución. (para todo, SJM Mallorca, 29.9.16).”

(v) Conclusiones alcanzadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2016 recentísima, de 1 de marzo de 2017: “el nacimiento de la obligación”.

La ya mencionada Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) número 246/2015 de 14 de mayo y la recentísima Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) número 144/2017 de 1 de marzo de 2017 establecen que para delimitar si la obligación es posterior o anterior a la concurrencia de la causa legal de disolución se debe tener en cuenta el momento en que nace la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario al administrador.

  • Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2016, que “lo relevante para decidir si la obligación es anterior o posterior sería la fecha de nacimiento de la obligación, no su completo devengo o exigibilidad ni la fecha de la sentencia que la declara.”

Por tanto, no es preciso que la deuda esté vencida y sea líquida y exigible, pues si la obligación nació estando vigente el cargo de administrador, el mismo responde solidariamente con la sociedad, aunque hubiera cesado en el cargo antes de que la obligación estuviera vencida y fuera líquida y exigible. E igualmente dice: “si la obligación naciese tras el acaecimiento de la causa legal de disolución, pero estuviese relacionada con una relación jurídica anterior no puede antedatarse su origen al de la relación jurídica previa de la que trae causa con la que está relacionada, salvo que se diera una relación de accesoriedad o subsidiariedad muy pronunciada entre la obligación posterior y la anterior, como era el caso del nacimiento de la obligación de pagar intereses de demora.

  • La Audiencia Provincial de Pontevedra en su Sentencia de 22 de diciembre de 2011 (SAP 3259/2011) ha establecido lo siguiente en este sentido:

En punto a la determinación del momento relevante para considerar nacida la obligación hemos considerado que deberá atenderse a la teoría general sobre el nacimiento de las obligaciones, sin que haya lugar para predicar especialidad alguna cuando se trata de indagar sobre la responsabilidad de los administradores sociales. Las obligaciones nacen cuando nacen, conforme a la normativa general. Ni puede defenderse que nacen a su vencimiento, ni nacen en el momento en que se declare judicialmente su existencia, a salvo de excepcionales supuestos de pronunciamientos constitutivos. Los tribunales, normalmente, declaran una responsabilidad que nace de una obligación preexistente, surgida de cualquiera de las fuentes del artículo 1091 del Código Civil [vid. por todas, Sentencias de la Sección 8ª AP Alicante de 11 de noviembre de 2009 (JUR 2010, 63240) y SAP Castellón de 1 de julio de 2008 (JUR 2009, 6213)] […] Tales obligaciones sociales pueden ser de diferente naturaleza (legal, contractual, extracontractual o cuasicontractual), pero no cabe duda alguna que su naturaleza no viene determinada por su reconocimiento en sentencia después de un proceso judicial. En este proceso judicial se reconoce la obligación social que en su día fue asumida y concertada por la sociedad”.

  • De igual manera se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia de 9 de febrero de 2016:

Para poder asignar a una deuda susceptible de quedar amparada por este régimen legal de responsabilidad la condición de posterior al acaecimiento de la causa de disolución ha de atenderse al momento de generación de la misma. Tratándose del régimen obligatorio derivado de un negocio jurídico (como aquí es el caso) eso significa referirse al tiempo en que se contrajo el compromiso de realizar una prestación (artículos 1088, 1089 y 1091 del C. Civil), en este caso la de pagar el precio del material adquirido pues entonces la obligación ya existía y era eficaz. La fecha relevante a estos efectos sería, por lo tanto, la del momento en que se hubiese contraído la obligación (sin perjuicio de las particularidades propias de cada tipo de negocio o relación jurídica), no la de forma de pago (plazos, etc.) o la de su reclamación judicial”.

 

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